La ley N°13.196 (Ley Reservada del Cobre) que grava a Codelco con el 10% del valor de sus exportaciones en moneda extranjera, le impone fuertes rigideces en el tema de la gestión y eficiencia operativa a la minera estatal.
Esta ley que data de 1958, pero que a partir de las modificaciones de 1976 permite que estos fondos se destinen para la adquisición de material bélico de las fuerzas armadas es, sin duda una pesada mochila para la minera estatal.
Un efecto directo de una posible derogación de esta ley, es que facilita las opciones de venta de Codelco o, al menos de un porcentaje de ésta, ¿por qué no cambiar el 10% para las FF.AA. por un 10% para los privados? Además, la propuesta de gobierno corporativo de la estatal a mi juicio, exige como condición necesaria la eliminación de ésta. Intuitivamente, es imposible pensar que algún privado se interese en adquirir la minera (o parte de ella) con esta pesada mochila, además, qué sentido tendría un gobierno corporativo si tiene que administrar sólo el 90% de los ingresos, o lo que es lo mismo, el 80% de sus utilidades.
En cuanto al efecto sobre las fuerzas armadas, dos aspectos importantes: primero, eliminará la volatilidad a la que están sujetos sus ingresos, pues están directamente relacionados al movimiento del precio internacional del cobre, sin embargo, el efecto sería peor si este 10% estuviera atado a las utilidades, pero como lo ha estado a las ventas, el piso ha sido del orden de los 70 centavos dólar/libra, que ha sido más que compensado con el alto precio de los últimos años. Segundo, les impone una tarea difícil: PENSAR!. En efecto, a partir de su eliminación, las fuerzas armadas deberán planificar el presupuesto que requieren, formar equipos de trabajo para diseñar el presupuesto que requieren, pero además tendrán que tener una visión de futuro en el tema de los ingresos que requieren.
Es de esperar que los recursos que se liberen como resultado de esta derogación, sean utilizados en nuestras dos falencias o puntos negros: educación y salud.
lunes, 30 de junio de 2008
martes, 24 de junio de 2008
¿Tiene sentido el subsidio a los camioneros?
Hace un par de semanas y luego de un paro de varios días, la autoridad decidió compensar al gremio de los camioneros con US$52 millones en beneficios tributarios para ayudarles a paliar el alza en el precio internacional de los combustibles. Esta alza en el precio internacional tiene una sola explicación: escasez del crudo, la que se produce por un exceso de demanda. La respuesta dada por la autoridad a esta alza ha sido la compensación a través de la inyección sistemática de recursos al fondo de estabilización. Esto tiene sentido si es que el alza del precio es transitoria. Al respecto, los resultados preliminares así lo señalan, pues se espera que a fines de 2009 su precio se normalice. Sin embargo, si se trata de analizar los efectos redistributivos de la medida, la discusión debe ser otra.
En general no es simple comprender el actuar de la autoridad, pues es fácil pensar que está beneficiando a "unos pocos" en desmedro de la gran mayoría, o que está "cediendo ante los grupos de presión", o que prefiere ayudar a este "grupo" y no a la clase media ni a los más pobres, por lo que es una mala medida en cuanto a "equidad" se refiere.
Sin embargo, quiero explicar, que lo que ha hecho la autoridad tiene mucho sentido y efectivamente ayuda a la clase media, a los más pobres y si bien, el efecto directo recae sobre los dueños de camiones, el indirecto se traslada a la clase media y a los más pobres, contribuyendo con la equidad.
Dos cosas son importante para comprender lo anterior. Por una parte, en la medida que el precio de los combustibles se incrementa lo hacen también los fletes y por tanto eso repercute en los bienes que consumimos, en particular sobre los alimentos. Así al menos funcionan los mercados competitivos. Sin embargo, que un mercado sea competitivo, no significa que se preocupe de los más pobres. Por lo tanto, si el gobierno paga una parte de este costo (alza internacional del precio del petróleo y como corolario de los fletes), los alimentos no suben tanto (menos inflación) y, es precisamente la inflación el flagelo más nefasto y regresivo, pues afecta en mayor medida a los más pobres y, es lo que está cuidando la autoridad.
Por lo tanto, el subsidio a los camioneros, tiene bastante sentido si lo miramos y entendemos bajo esta óptica y, considero que va por el camino correcto. La medida se debería traducir en menor inflación y por tanto en una ayuda poderosa para la clase media y en particular para los más pobres, que son quienes no pueden defenderse de ella y a quienes más afecta.
A partir de lo anterior, resulta relativamente simple extender el análisis para el subsidio al transporte público y a la parafina: Focalizar el gasto, así tenemos un Chile más justo y equitativo.
En general no es simple comprender el actuar de la autoridad, pues es fácil pensar que está beneficiando a "unos pocos" en desmedro de la gran mayoría, o que está "cediendo ante los grupos de presión", o que prefiere ayudar a este "grupo" y no a la clase media ni a los más pobres, por lo que es una mala medida en cuanto a "equidad" se refiere.
Sin embargo, quiero explicar, que lo que ha hecho la autoridad tiene mucho sentido y efectivamente ayuda a la clase media, a los más pobres y si bien, el efecto directo recae sobre los dueños de camiones, el indirecto se traslada a la clase media y a los más pobres, contribuyendo con la equidad.
Dos cosas son importante para comprender lo anterior. Por una parte, en la medida que el precio de los combustibles se incrementa lo hacen también los fletes y por tanto eso repercute en los bienes que consumimos, en particular sobre los alimentos. Así al menos funcionan los mercados competitivos. Sin embargo, que un mercado sea competitivo, no significa que se preocupe de los más pobres. Por lo tanto, si el gobierno paga una parte de este costo (alza internacional del precio del petróleo y como corolario de los fletes), los alimentos no suben tanto (menos inflación) y, es precisamente la inflación el flagelo más nefasto y regresivo, pues afecta en mayor medida a los más pobres y, es lo que está cuidando la autoridad.
Por lo tanto, el subsidio a los camioneros, tiene bastante sentido si lo miramos y entendemos bajo esta óptica y, considero que va por el camino correcto. La medida se debería traducir en menor inflación y por tanto en una ayuda poderosa para la clase media y en particular para los más pobres, que son quienes no pueden defenderse de ella y a quienes más afecta.
A partir de lo anterior, resulta relativamente simple extender el análisis para el subsidio al transporte público y a la parafina: Focalizar el gasto, así tenemos un Chile más justo y equitativo.
lunes, 23 de junio de 2008
Eliminación del impuesto específico a los combustibles…. ¿Para beneficiar a los más pobres?
El impuesto a los combustibles se trata de un impuesto específico, vale decir un monto fijo por unidad transada - 6 UTM por metro cúbico-, o lo que es lo mismo de $211.35 por litro de bencina.
Ahora bien, la principal razón de aplicar un impuesto discriminatorio es por fines de regulación y no de recaudación. En general se aplican a bienes que provocan externalidades negativas, de modo que la cantidad transada (equilibrio de mercado) responda a la interacción entre una demanda privada y una oferta social. El impuesto a los combustibles responde a esta definición, ya que el uso del combustible provoca externalidades (contaminación, polución, congestión, etc.) y si no existiera ese impuesto, la cantidad transada de combustible sería mucho mayor que la “socialmente óptima” y el daño y molestias que su uso provoca estarían siendo absorbidos por miles de “Moyas”.
Por otro lado, el alza de los precios internacionales del crudo (ha pasado de 65 dólares el barril a 135 dólares en un año!), ha hecho que la autoridad comience a inyectar recursos la fondo de estabilización de manera sistemática y que varios sectores comiencen a clamar por su eliminación, o al menos por su baja, bajo el supuesto que beneficiaría a los más pobres.
Entonces, si por una parte existe consenso de que el uso de los combustibles provoca males hacia el entorno, ¿por qué se quiere eliminar? y, en caso de hacerse efectiva su eliminación, ¿es verdad que beneficiaría a los más pobres?
Veamos, para la primera pregunta es claro que el combustible genera daños, al menos sobre el medio ambiente, de modo que si lo que se quiere es tener un impuesto que corrija esta externalidad, lo que debe hacer la autoridad es ocuparse - enfocar esfuerzos -, en medir bien la magnitud de ésta. A partir de un análisis como ese, se podrá determinar si el impuesto específico de 6UTM por metro cúbico la corrige. Si es así, entonces lo que rige actualmente está bien aplicado y es eficiente en cuanto a regulación se refiere. Sin embargo, puede resultar que el daño que provoca sea sustancialmente mayor, por lo tanto la autoridad deberá evaular un alza en éste y tendremos que hacernos cargo de pagar un poco más por usar combustible. Por último, si es menor, la autoridad deberá bajar este impuesto y, por tanto acomodar sus ingresos fiscales. Entonces, creo que la discusión debe centrarse en cuánto es la magnitud "eficiente" del impuesto, más que en discutir su eliminación, pues tengo la certeza de que la cantidad óptima es muy distinta de cero.
Respecto a la segunda pregunta, de si es verdad que su eliminación beneficia a los más pobres. a mi juicio, es la típica frase populista y que fácilmente gana adeptos. Sin embargo, los usuarios de vehículos - que es sobre quienes recae gran parte de este impuesto-, lamentablemente son NO pobres, de modo que su eliminación difícilmente beneficiará a los más vulnerables. Ahora bien, la parafina también está afecta, y claramente las familias de menores ingresos la utilizan de manera intensiva para calefacción. De modo que lo que ha hecho la autoridad de entregar bonos directos (20 mil pesos) para compensar parte del alza en el precio, va en la dirección correcta, pues se está focalizando el gasto precisamente en los que tienen menos. Por otro lado, seguir compensando el fondo de estabilización, ayuda, en la medida que el alza en el precio sea transitoria, pero insisto, creo que los esfuerzos deberían estar en medir bien la magnitud del impuesto. Una vez hecho eso, diseñar las acciones de política adecuadas en cuanto a eficiencia y distribución se refiere.
Ahora bien, la principal razón de aplicar un impuesto discriminatorio es por fines de regulación y no de recaudación. En general se aplican a bienes que provocan externalidades negativas, de modo que la cantidad transada (equilibrio de mercado) responda a la interacción entre una demanda privada y una oferta social. El impuesto a los combustibles responde a esta definición, ya que el uso del combustible provoca externalidades (contaminación, polución, congestión, etc.) y si no existiera ese impuesto, la cantidad transada de combustible sería mucho mayor que la “socialmente óptima” y el daño y molestias que su uso provoca estarían siendo absorbidos por miles de “Moyas”.
Por otro lado, el alza de los precios internacionales del crudo (ha pasado de 65 dólares el barril a 135 dólares en un año!), ha hecho que la autoridad comience a inyectar recursos la fondo de estabilización de manera sistemática y que varios sectores comiencen a clamar por su eliminación, o al menos por su baja, bajo el supuesto que beneficiaría a los más pobres.
Entonces, si por una parte existe consenso de que el uso de los combustibles provoca males hacia el entorno, ¿por qué se quiere eliminar? y, en caso de hacerse efectiva su eliminación, ¿es verdad que beneficiaría a los más pobres?
Veamos, para la primera pregunta es claro que el combustible genera daños, al menos sobre el medio ambiente, de modo que si lo que se quiere es tener un impuesto que corrija esta externalidad, lo que debe hacer la autoridad es ocuparse - enfocar esfuerzos -, en medir bien la magnitud de ésta. A partir de un análisis como ese, se podrá determinar si el impuesto específico de 6UTM por metro cúbico la corrige. Si es así, entonces lo que rige actualmente está bien aplicado y es eficiente en cuanto a regulación se refiere. Sin embargo, puede resultar que el daño que provoca sea sustancialmente mayor, por lo tanto la autoridad deberá evaular un alza en éste y tendremos que hacernos cargo de pagar un poco más por usar combustible. Por último, si es menor, la autoridad deberá bajar este impuesto y, por tanto acomodar sus ingresos fiscales. Entonces, creo que la discusión debe centrarse en cuánto es la magnitud "eficiente" del impuesto, más que en discutir su eliminación, pues tengo la certeza de que la cantidad óptima es muy distinta de cero.
Respecto a la segunda pregunta, de si es verdad que su eliminación beneficia a los más pobres. a mi juicio, es la típica frase populista y que fácilmente gana adeptos. Sin embargo, los usuarios de vehículos - que es sobre quienes recae gran parte de este impuesto-, lamentablemente son NO pobres, de modo que su eliminación difícilmente beneficiará a los más vulnerables. Ahora bien, la parafina también está afecta, y claramente las familias de menores ingresos la utilizan de manera intensiva para calefacción. De modo que lo que ha hecho la autoridad de entregar bonos directos (20 mil pesos) para compensar parte del alza en el precio, va en la dirección correcta, pues se está focalizando el gasto precisamente en los que tienen menos. Por otro lado, seguir compensando el fondo de estabilización, ayuda, en la medida que el alza en el precio sea transitoria, pero insisto, creo que los esfuerzos deberían estar en medir bien la magnitud del impuesto. Una vez hecho eso, diseñar las acciones de política adecuadas en cuanto a eficiencia y distribución se refiere.
lunes, 16 de junio de 2008
martes, 10 de junio de 2008
El futuro de Codelco
Para nadie es un misterio que Codelco, la principal empresa de cobre del mundo, atraviesa por problemas de gestión (grasa) que de no resolverse en el corto plazo, le restarán competitividad y pondrán en serio riesgo su futuro, en particular en lo que se refiere al patrimonio nacional y bienestar de todos los chilenos.
Sin embargo, a mi juicio los problemas de gestión por los que atraviesa la empresa no son por falta de profesionales idóneos. Estoy cierto que existe una amplia gama de profesionales de primer nivel y que saben muy bien hacer las cosas. Sin embargo, también hay de los otros (que sobran) y que han ingresado por cuestiones que no vale la pena discutir en este artículo.
El problema de fondo por el que atraviesa la estatal es la falta de incentivos correctos, tanto para ellos como para sus ejecutivos. Así, la apertura en bolsa es una necesidad que se ha puesto encima de la mesa y se ha señalado que es urgente. Para atenuar el impacto que esta medida podría tener sobre sus trabajadores, se ha hablado de privatizar sólo una parte de la compañía. Algunos han señalado que un 20% sería suficiente, otros, por su parte, que al menos un 30%. De esta forma, se ha planteado que no se trata de una privatización propiamente tal, pues el mayor porcentaje (70% - 80%) seguirá en manos del Estado. Esto es sinónimo de inyección de eficiencia, competitividad y transparencia, han argumentado. El juicio anterior lo han sustentado en que una apertura en bolsa es deseable por al menos tres razones:
a) Al tener que responder a otros dueños distintos del Estado, permitirá que sea el mercado el que fiscalice la gestión de la empresa, premiándola o castigándola por sus decisiones, lo que se vería reflejado en el precio de la acción.
b) Se aseguraría un alineamiento de los objetivos, públicos y privados en maximizar la utilidad en beneficio de sus dueños: los inversionistas y todos los chilenos.
c) Le abre otras opciones de financiamiento que le permitirían financiar expansiones, exploraciones y nuevos proyectos que hoy no son posibles por las rigideces propias de una empresa pública.
El resultado de lo anterior sería un fuerte aumento en el flujo de recursos (basta ver el caso de Vale en Brasil), una inyección de eficiencia y competitividad que aumentaría el bienestar de todos los chilenos.
La pregunta de interés económico es si ¿es verdad que la privatización asegura esta mayor eficiencia? A mi juicio, NO. El proceso no es automático. Tampoco asegura mayor transparencia, ya que ésta dependerá, en última instancia, de lo que desee mostrar el directorio, pues existen muchos casos en los que el precio de la acción no refleja el verdadero valor de la compañía. Sin embargo, es cierto que una vez que el mercado reconoce ésto, se castiga con un menor precio de la acción.
Finalmente, mi propuesta va por un Codelco 100% estatal, pero con un gobierno coporativo bien armado. Con directores seleccionados por sus habilidades técnicas y profesionales y no por los colores políticos para "mantener los equilibrios". Mi sueño es algo así como un Codelco del tipo Banco Central, donde el directorio esté conformado por los mejores profesionales del mercado minero chileno y nadie ponga en duda su capacidad. Sin embargo, no puede ser autónomo (como lo es el BCCH), pues los recursos que maneja la minera son cuantiosos, y son - aunque sea una siutiquería - de todos los chilenos, por ello, debe rendir cuentas a una institución fiscalizadora.
Sin embargo, a mi juicio los problemas de gestión por los que atraviesa la empresa no son por falta de profesionales idóneos. Estoy cierto que existe una amplia gama de profesionales de primer nivel y que saben muy bien hacer las cosas. Sin embargo, también hay de los otros (que sobran) y que han ingresado por cuestiones que no vale la pena discutir en este artículo.
El problema de fondo por el que atraviesa la estatal es la falta de incentivos correctos, tanto para ellos como para sus ejecutivos. Así, la apertura en bolsa es una necesidad que se ha puesto encima de la mesa y se ha señalado que es urgente. Para atenuar el impacto que esta medida podría tener sobre sus trabajadores, se ha hablado de privatizar sólo una parte de la compañía. Algunos han señalado que un 20% sería suficiente, otros, por su parte, que al menos un 30%. De esta forma, se ha planteado que no se trata de una privatización propiamente tal, pues el mayor porcentaje (70% - 80%) seguirá en manos del Estado. Esto es sinónimo de inyección de eficiencia, competitividad y transparencia, han argumentado. El juicio anterior lo han sustentado en que una apertura en bolsa es deseable por al menos tres razones:
a) Al tener que responder a otros dueños distintos del Estado, permitirá que sea el mercado el que fiscalice la gestión de la empresa, premiándola o castigándola por sus decisiones, lo que se vería reflejado en el precio de la acción.
b) Se aseguraría un alineamiento de los objetivos, públicos y privados en maximizar la utilidad en beneficio de sus dueños: los inversionistas y todos los chilenos.
c) Le abre otras opciones de financiamiento que le permitirían financiar expansiones, exploraciones y nuevos proyectos que hoy no son posibles por las rigideces propias de una empresa pública.
El resultado de lo anterior sería un fuerte aumento en el flujo de recursos (basta ver el caso de Vale en Brasil), una inyección de eficiencia y competitividad que aumentaría el bienestar de todos los chilenos.
La pregunta de interés económico es si ¿es verdad que la privatización asegura esta mayor eficiencia? A mi juicio, NO. El proceso no es automático. Tampoco asegura mayor transparencia, ya que ésta dependerá, en última instancia, de lo que desee mostrar el directorio, pues existen muchos casos en los que el precio de la acción no refleja el verdadero valor de la compañía. Sin embargo, es cierto que una vez que el mercado reconoce ésto, se castiga con un menor precio de la acción.
Finalmente, mi propuesta va por un Codelco 100% estatal, pero con un gobierno coporativo bien armado. Con directores seleccionados por sus habilidades técnicas y profesionales y no por los colores políticos para "mantener los equilibrios". Mi sueño es algo así como un Codelco del tipo Banco Central, donde el directorio esté conformado por los mejores profesionales del mercado minero chileno y nadie ponga en duda su capacidad. Sin embargo, no puede ser autónomo (como lo es el BCCH), pues los recursos que maneja la minera son cuantiosos, y son - aunque sea una siutiquería - de todos los chilenos, por ello, debe rendir cuentas a una institución fiscalizadora.
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